La advertencia que cambió el tono
Cristaldo fue directo al hueso. En entrevista con ABC Color, dijo que "vemos una amenaza en el horizonte en los últimos tiempos" y que desde hace rato se viene consolidando un manejo "populista y politiquero del presupuesto".
La frase más fuerte fue esta: "Normalmente decíamos que la política no interfiere en la economía, pero hoy comienza a darse".
Traducido al idioma de todos los días: durante dos décadas el argumento fue que Paraguay había logrado separar las decisiones económicas de los caprichos electorales. Según la UGP, esa regla empezó a romperse.
El dirigente remontó el problema a 2003, cuando el sector privado y el Estado firmaron un acuerdo que derivó en una reforma tributaria. Según él, el compromiso del Estado de racionalizar el gasto público nunca se cumplió en más de 20 años. Ahora, con las cuentas fiscales apretadas, esa deuda pendiente se paga con platos rotos.
Por qué la advertencia pega donde pega
Para entender por qué la UGP encendió las alarmas ahora y no hace cinco años, hay que mirar los números fríos.
Paraguay tiene dos grados de inversión —Moody's lo otorgó en 2024, Standard & Poor's en 2025— y la semana pasada logró colocar USD 1.000 millones en bonos guaraníes en los mercados internacionales. La foto macroeconómica es la mejor de los últimos 20 años.
Pero abajo de esa foto hay otra realidad. El Estado paraguayo acumula deudas con proveedores —empresas constructoras y farmacéuticas— por más de USD 1.300 millones, equivalente a 2,7% del PIB según cálculos de la calificadora Fitch. El Gobierno no les pagó las facturas a tiempo. En marzo, el entonces ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos declaró una "economía de guerra" y renunció poco después.
La tensión es simple de explicar: mientras afuera se celebra el orden fiscal, adentro las obras se frenaron, los hospitales reportan faltantes y los proveedores cobran con atraso. El equilibrio que ven las calificadoras internacionales se sostiene, en parte, con facturas que no se pagan.
Fitch dice lo mismo con otro acento
Lo que Cristaldo dijo en español coloquial, la calificadora Fitch lo puso en lenguaje técnico hace apenas días. Es la única de las tres grandes agencias internacionales que todavía no le otorgó el grado de inversión a Paraguay, y explicó por qué.
En su último informe, Fitch advirtió que las deudas con proveedores "genera dudas sobre la sostenibilidad de los recortes del gasto" y que "podrían ejercer presión al alza sobre el déficit en 2026". También señaló que en el primer trimestre del año los ingresos tributarios crecieron apenas 3% interanual —una desaceleración fuerte—, y que la reforma de la Caja Fiscal aprobada en marzo "solo aborda de forma limitada los desafíos estructurales".
Esa última frase es la que más duele. El Gobierno mostró la reforma previsional como prueba de responsabilidad fiscal. Fitch dice que alcanza para poco. Y los números lo confirman: la Caja Fiscal ya acumula un déficit de USD 103 millones solo en el primer trimestre de 2026, y se proyecta que supere los USD 400 millones al cierre del año.
Análisis crítico: el reclamo tiene base fiscal, no ideológica
Se podría pensar que la advertencia de la UGP es una pelea política más. No lo es. Los números la sostienen.
De los USD 5.300 millones que entran al año, más de USD 3.000 millones se van en salarios, USD 1.100 millones al servicio de la deuda y USD 800 millones a programas sociales obligatorios. Antes de tomar una sola decisión, el margen de maniobra del Estado es prácticamente cero.
En ese contexto, la UGP no está pidiendo austeridad por capricho. Está diciendo que si se toman decisiones de presupuesto pensando en el calendario electoral y no en la realidad fiscal, la ecuación revienta. Y los primeros en sentirlo serán los mismos sectores productivos que generan las divisas del país: agroexportación, ganadería, industria.
Hay que decirlo con claridad: el presidente Peña mantiene la promesa de no flexibilizar el déficit fiscal del 1,5% del PIB ni pedir más deuda. Es una posición responsable. Pero la diferencia entre lo que se dice y lo que pasa en la caja del Estado es lo que tiene a los gremios empresariales encendidos.
Antecedentes: cómo llegamos hasta acá
El modelo fiscal paraguayo de los últimos 20 años se construyó sobre tres pilares: baja presión tributaria, regla de déficit acotado y promesas repetidas de racionalizar el gasto.
Los primeros dos se cumplieron. El tercero, no.
Mientras las recaudaciones crecían impulsadas por el boom de commodities, la brecha se disimulaba. Pero en 2025 la caída del dólar redujo los ingresos aduaneros proyectados en más de USD 600 millones. La apuesta del Gobierno fue no tocar el tope fiscal del 1,5% del PIB —que es la señal que miran los inversionistas— y compensar esa pérdida postergando pagos a proveedores.
El resultado es el que todos están viendo: la foto fiscal sigue ordenada para afuera, pero la factura acumulada bajo la alfombra ya la ve Fitch, la ve la UGP, y la ven los constructores y farmacéuticos que esperan cobrar.
Situación actual
El nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera, anunció un plan de desembolsos para abril y mayo que busca cubrir el 85% de las deudas pendientes con empresas constructoras del 2025. El presidente Peña ratificó que no va a flexibilizar el tope del déficit ni pedir más endeudamiento.
Otros gremios empresariales se expresaron en la misma línea que la UGP en los últimos días, planteando preocupaciones similares sobre el manejo del gasto público y la necesidad de reformas estructurales.
Lo que esperamos que pase
Que el plan de pagos del ministro Lovera se cumpla a tiempo, que los desembolsos lleguen a las constructoras y farmacéuticas en los plazos anunciados, y que el Gobierno retome un diálogo serio con los gremios productivos para definir una hoja de ruta fiscal de mediano plazo. Un acuerdo estable entre sector público y privado es la única forma de salir del corto plazo sin romper el grado de inversión.
Lo que no debe pasar
Que el Gobierno trate la advertencia de la UGP como ruido político y la ignore. Que se sigan postergando pagos a proveedores para maquillar la foto fiscal. Que el calendario electoral 2028 termine definiendo las decisiones presupuestarias del 2026 y 2027. Y, lo más grave: que Fitch interprete todo esto como señal de que Paraguay no está listo para el tercer grado de inversión y mande una señal negativa a los mercados.
Conclusión
Cuando un gremio que históricamente acompañó al oficialismo dice en voz alta que "la política está metiendo mano en la economía", no es una pelea interna ni un capricho. Es un dato. Y cuando la calificadora internacional que todavía no le dio el grado de inversión al país dice exactamente lo mismo con lenguaje técnico, ese dato se vuelve una alerta internacional.
El éxito de la macroeconomía paraguaya de los últimos años se construyó con un pacto silencioso: orden fiscal afuera, paciencia adentro. La UGP acaba de decir que la paciencia se agotó.
El búho lo dice sin adornos: cuando los gremios productivos y las calificadoras coinciden en el diagnóstico, no es momento de discutir el termómetro. Es momento de atender la fiebre.
Fuentes
- ABC Color — entrevista a Héctor Cristaldo (UGP), 18 de abril de 2026
- Última Hora — reportes sobre economía de guerra y crisis fiscal, marzo-abril 2026
- El Nacional — análisis del informe de Fitch Ratings sobre Paraguay
- Economia.com.py — datos del déficit de la Caja Fiscal primer trimestre 2026
- Banco Central del Paraguay — estadísticas fiscales
- Ministerio de Economía y Finanzas — cifras oficiales del PGN 2026